LA ACTUACIÓN INTERNACIONAL
FRENTE A LA PAZ TAMBIÉN ES UNA PRIORIDAD
El fortalecimiento de la presencia
internacional en Colombia es la respuesta a la agudización de la
crisis humanitaria, frente a la cual diversos sectores de la comunidad
internacional han empezado a reaccionar. Las ONG-I no son ajenas a esta
tendencia. Las organizaciones agrupadas en DIAL han estado en Colombia
durante la última década, algunas con mayor antigüedad,
propiciando alternativas de construcción de sociedad, apoyando el
desarrollo de procesos democráticos, enfrentando problemas de pobreza
estructural, respaldando iniciativas de desarrollo y fortaleciendo la labor
de los defensores de derechos humanos.
Esta presencia internacional
es respetuosa de la libre determinación de la sociedad y el Estado
colombiano para encontrar una salida a su situación de confrontación,
pero no por ello es ciega ante las actuaciones que violan las normas humanitarias
básicas, especialmente en relación con la población
civil y los no combatientes. La comunidad internacional sigue demandando
del Estado colombiano y de los actores armados no legales, el cumplimiento
de las normas básicas del derecho internacional de los derechos
humanos y del D.I.H.
Estas normas, aunadas al
derecho de los refugiados, están hoy contenidas en los "Principios
Deng" para los desplazados internos, entendidos estos como un sistema
normativo que aunque no ha desarrollado mecanismos vinculantes para los
países, si recoge una amplia trayectoria de derechos internacionales
ya convenidos entre las diferentes naciones, lo que lo convierte en un
instrumento de obligada aceptación para el Estado colombiano y para
los diversos grupos combatientes.
La última década,
quizás con más fuerza los últimos cinco años,
han significado un incremento de las situaciones de amenaza, masacres,
torturas, asesinatos selectivos y agresión de la población
civil ya sea de manera directa o bien como resultado de acciones de confrontación
entre grupos armados legales e ilegales, lo que ha derivado en un enorme
problema de desplazamiento forzado que, según estimativos del ACNUR,
sobrepasa las 300.000 personas en los últimos dos años. Ninguno
de los actores armados garantiza actitudes de respeto hacia la población
civil y, por el contrario, la tendencia a asegurar el control territorial
y a posicionarse en las mesas de negociación, a partir de la capacidad
de hacer daño, ha generado un incremento permanente del desplazamiento
forzado en Colombia.
Una vez más aparece
en el contexto colombiano, como uno de los escenarios posibles, la alternativa
de la negociación entre los actores armados y el gobierno colombiano
en la búsqueda de una solución al prolongado conflicto armado
interno. Esta perspectiva, según analistas del fenómeno de
la violencia, ha sido un factor detonante de una mayor y más compleja
escalada de agresiones contra objetivos civiles, que buscarían "mejorar"
las condiciones de las partes en las eventuales mesas de negociación.
Es necesario, de cara a cualquier
iniciativa, comprender la complejidad del conflicto armado en sus raíces,
sus diferencias regionales y en la diversidad de intereses que expresan
los diferentes actores armados, como premisa para entender el proceso de
paz, no sólo como la terminación de las acciones armadas,
sino más allá, como la posibilidad de encontrar alternativas
frente a los graves problemas que afronta la sociedad colombiana. Sin profundizar
mucho en el análisis podemos considerar, incluso, que el mismo conflicto
armado es expresión de la fragmentación y polarización
de la propia sociedad civil.
Ante esta situación,
la presencia internacional en Colombia debe partir por reconocer que su
prioridad es la de brindar protección y el apoyo humanitario a las
personas y poblaciones afectadas o amenazadas por la guerra, sin menoscabo
de la necesaria protección a los derechos humanos, respaldo a los
defensores y la debida vigilancia a la responsabilidad estatal, como primera
entidad garante de la vida, honra y bienes de los ciudadanos colombianos.
Desde esa perspectiva, la acción de las agencias de cooperación
internacional en relación con la búsqueda de una solución
al conflicto armado, se inscribe en la necesidad de una respuesta más
estructural y duradera frente a las graves secuelas que este conflicto,
en su creciente descomposición, va dejando en términos de
desestructuración del tejido social y en la pérdida creciente
de las nociones básicas de respeto por los no combatientes.
Las agencias de DIAL reconocen
la enorme necesidad de contribuir en la búsqueda de una salida política
negociada al conflicto armado, que contemple, como parte del proceso, la
búsqueda de acuerdos humanitarios, de carácter nacional o
regional, basados en el Derecho Internacional Humanitario y los derechos
humanos. Esto permitiría frenar muchas de las graves violaciones
y agresiones que hoy se viven contra la población civil, especialmente
en zonas de conflicto. Sin embargo conviene precisar que estas agencias
no tienen en sus mandatos, como norma general, el desarrollo de estrategias
de mediación o de búsqueda directa de una resolución
del conflicto armado. Esto significa que no están en posibilidad
de desarrollar una intervención directa en relación con los
actores armados y que la posibilidad de interlocución con actores
armados ilegales está claramente impedida en sus normas.
Entonces, ¿dónde
ubicar el aporte de DIAL? El rol posible de DIAL se ubica primordialmente
en potenciar la participación de la sociedad civil, a través
de sus diversas formas de organización y representación en
el diseño y ejecución de estrategias dirigidas a lograr una
solución duradera del conflicto. Para ello es necesario brindar
seguimiento no solo a las iniciativas de carácter nacional sino
también, a los procesos que se expresan en las regiones y la construcción
de diversas redes y coordinaciones.
Hasta ahora las expectativas
de participación en una eventual negociación y búsqueda
de una salida política se circunscriben a los actores del conflicto
armado. La construcción de agendas de negociación y su relación
con los problemas estructurales del país en materia de justicia,
democracia, derechos humanos y desarrollo no han contado con la vocería
de fuerzas representativas de la sociedad civil colombiana en su visión
más amplia e incluyente. Pero, a la vez, debemos reconocer que los
procesos en los cuales se expresa la sociedad civil muestran debilidades
de representatividad, capacidad propositiva y construcción de consensos
sobre objetivos y métodos frente a la paz, así como en su
capacidad de presión para ser tenidos en cuenta en los posibles
escenarios de negociación.
Cómo instancia de
coordinación internacional, DIAL reconoce el desarrollo y representatividad
particular de diversos procesos en el país tales como el Consejo
Nacional de Paz, la Comisión Nacional de Conciliación, el
Mandato Ciudadano por la Paz, la Red de Iniciativas por la Paz, el Movimiento
de los Niños por la Paz, así como la gestión que adelantan
organismos de derechos humanos, organizaciones de mujeres y demás
formas de representación y acción social, cultural, ambiental,
eclesial y política, casi todas agrupadas o participantes actualmente
en la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Todas ellas
buscan que la ciudadanía y sus propuestas sean tenidas en cuenta
en los diversos escenarios de negociación y construcción
de alternativas de superación del conflicto armado. Igualmente entendemos
que en la complejidad de la situación colombiana no todos los actores
sociales estén en capacidad o tengan el interés de confluir
en los mismos escenarios de construcción de propuestas de paz. DIAL
es respetuoso de esas diferencias.
Propósitos Específicos
de DIAL en relación con el proceso de PAZ
En primer lugar, DIAL debe aportar
a una mejor comprensión del proceso colombiano en diversos ámbitos
internacionales y contribuir en la búsqueda de solidaridad desde
diferentes actores de origen gubernamental o intergubernamental, como también,
en aquellas expresiones originadas en la sociedad civil de otros países,
para el apoyo y seguimiento al proceso de paz de Colombia. En ese sentido
DIAL considera de vital importancia profundizar espacios de diálogo
Sur- Norte y Sur - Sur como parte de las estrategias de apoyo humanitario
a la sociedad civil colombiana.
Para el fortalecimiento de
iniciativas y estrategias de paz originadas en la sociedad civil, DIAL
desarrolla un diálogo permanente con diversos actores, partícipes
o necesarios, en tales procesos, procurando fortalecer su capacidad de
incidencia en el nivel nacional como en las diferentes regiones del país.
Se trata de potenciar diversas iniciativas de la sociedad civil que promuevan
discusiones y participación social activa en la construcción
de salidas sostenibles frente al conflicto basadas en la plena vigencia
y respeto por los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario,
la justicia social y la democracia. DIAL procurará que la situación
de las comunidades desplazadas y las alternativas frente al desplazamiento
forzado en materia de prevención, protección, acción
humanitaria y salidas duraderas estén presentes en las propuestas
de la sociedad civil y en los escenarios de negociación frente al
conflicto.
DIAL brinda su respaldo a
iniciativas de la sociedad civil dirigidas al desarrollo de acuerdos humanitarios
de carácter nacional y/o regional, haciendo énfasis en regiones
de mayor vulnerabilidad de la población civil, principalmente en
apoyo a comunidades negras, indígenas y campesinas, y en general,
en aquellos lugares donde la existencia de un movimiento social de base
se ve amenazada ostensiblemente por la acción de los actores armados.
Para ese propósito DIAL aporta sus vínculos internacionales,
su relación con las agencias del sistema de Naciones Unidas, así
como su presencia y acompañamiento a la población civil en
la gestación de acuerdos humanitarios. Igualmente, procura respaldar
con su presencia y sus vínculos las iniciativas regionales dirigidas
a buscar protección para las poblaciones desplazadas y en situación
de alto riesgo. No obstante, es necesario enfatizar que las agencias de
DIAL no tienen la capacidad técnica ni el mandato para la veeduría,
la verificación, ni la mediación, pero sí para el
acompañamiento y la gestión de iniciativas.
RECUADRO
Con la motivación de
seguir fortaleciendo el movimiento social y las expresiones del poder ciudadano,
la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, El mandato Ciudadano por la
Paz y Redepaz entre otras organizaciones han unido esfuerzos que permiten
la expresión y el ejercicio de una ciudadanía más
plena a fin de trabajar en la consecución de la paz, de cara al
conflicto armado y a la problemática social.
Con el lema de "Para empezar
el milenio…hagamos las paces" se realizó la XII Semana
por la Paz coordinada por Redepaz , la Conferencia Episcopal , el Programa
por la Paz y el apoyo de 50 ONG locales. La semana se inauguró con
un asenso a Monserrate en el que participó Rigoberta Menchú
quién durante el resto de la semana lideró otras actividades
entre ellas la Audiencia Pública por la reconciliación que
se realizó el 6 de septiembre en el Congreso a la que asistieron
desplazados por la violencia y familiares de secuestrados y desaparecidos.
Durante esta audiencia la Nobel de Paz resaltó la necesidad de acelerar
el proceso de paz y se comprometió a difundir la situación
del país ante la comunidad internacional. De otro lado la coordinadora
nacional de Redepaz Ana Teresa Bernal, indicó que las más
de 300 acciones de paz promovidas dentro de la Semana por la Paz son una
oportunidad de concretar nuestros anhelos de paz.
A nivel regional la sociedad
del oriente antioqueño agrupada en la Corporación Vida, Justicia
y Paz pidió a los actores armados suscribir un acuerdo humanitario
especial que recoja los principios de DIH a fin de humanizar la guerra
en esta zona del País, contando con una veeduría que estaría
conformada por entidades nacionales e internacionales, gobiernos amigos
y el premio Nobel de Paz, Lech Wallesa.
Por su parte la Asamblea
Permanente de la Sociedad Civil por la Paz realizó su segunda plenaria
los pasados 28, 29 y 30 de julio en la que a manera de conclusiones formuló
una serie de alternativas que contribuyen a buscar soluciones a problemas
como el desplazamiento entre las que se destacan:
-
La APP solicitó incorporar
explícitamente el término de desplazados en la agenda de
paz, y lograr garantías plenas de asistencia humanitaria en la situación
de desplazamiento, así como de condiciones seguras y dignas en el
retorno.
-
Hizo un llamado para que en
el marco de las negociaciones se cree una Comisión que se ocupe
de tierras y desplazamiento y determine quién se está quedando
con las tierras de los desplazados y proponga soluciones como la de una
Reforma Agraria Integral.
-
En cuanto a Legislación
en DDHH y DIH la APP instó a la aprobación del proyecto de
ley presentado al congreso que tipifica como delitos de lesa humanidad,
la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el genocidio
y la tortura, además de una indemnización económica,
social, material y psicológica para los desplazados.
-
También se propuso la
implementación tanto de la ley 387 y de mecanismos de ayuda a la
población desplazada a la luz del DIH como el otorgamiento del estatus
de refugiados a los desplazados colombianos. Y fortalecer el papel del
ACNUR en Colombia y en los países vecinos a fin de garantizar la
propiedad sobre la tierra de las personas que se ven forzadas a desplazarse.
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